Las hidroeléctricas del Oriente antioqueño y sus consecuencias

Torres de contensión de la hidroeléctrica de San Carlos. / Foto: Alcaldía de San Carlos.

La migración hacia las ciudades provocada por la guerra fratricida de mediados del siglo veinte y el avance de las industrias, ocasionó una gran demanda de electricidad. Esto llevó a que el gobierno nacional y las empresas de servicios públicos diseñaran grandes proyectos de generación. En Antioquia los encargados del sector decidieron la ubicación de las hidroeléctricas en los municipios del oriente, dadas las óptimas condiciones que brindaba el nivel de los terrenos y la abundancia de aguas, pero, principalmente, considerando las tierras de estos lugares como de baja productividad, las que, según sus cálculos, podrían adquirirse a bajos precios. La producción campesina, lo mismo que la pequeña minería y la pesca,  sustento de los municipios involucrados, fueron subestimados por los planificadores de las centrales. Mucho menos se consideró la afectación social que se iba a producir, lo mismo que los problemas medioambientales que ocasionan las represas (1) .

En estos proyectos se dispuso toda la capacidad de endeudamiento del país con los organismos de financiamiento internacional. Entre 1970 y 1987 el Banco Mundial hizo quince préstamos a Colombia para infraestructura eléctrica, por un valor cercano a los US$1.900 millones, y el Banco Interamericano de Desarrollo contribuyó con una suma similar. La falta de recursos en moneda nacional para acometer estas obras, llevó a que se buscaran los préstamos con la banca comercial “accediendo a los fondos más costosos disponibles, no obstante contar la garantía de la nación”. En la segunda mitad de la década de 1980 el sector fue objeto de operaciones masivas de financiamiento del Gobierno con la utilización de excedentes de las empresas industriales y comerciales del Estado para pagar el servicio de la deuda, partidas directas del presupuesto nacional, créditos contratados directamente por el ministerio de Hacienda o garantías otorgadas por la nación, de modo que “entre 1978 y 1988, las transferencias del gobierno hacia el exterior fueron de los US$1.100 millones”(2).

Estas inversiones significaron un gran esfuerzo económico para la nación, en tanto las comunidades tuvieron que padecer una afectación enorme; a pesar de que los problemas debieron estar contemplados en los estudios de factibilidad, en los que era necesario establecer un plan de mitigación, exigido para la otorgación de los créditos. Sin embargo, pese a que algunos estudios se realizaron, estos se quedaron en el  olvido en los anaqueles de las bibliotecas.

En consecuencia se conformó un fuerte Movimiento Cívico a través del cual se presentaron reclamaciones, acompañadas de grandes movilizaciones, para exigir, de una parte, la indemnización por los perjuicios y daños causados y, por otra, la participación en la toma de decisiones, respecto a los planes de mitigación y compensación que se demandaban, así como la intervención en el diseño de los planes de inversión de los dineros públicos. Pero la respuesta del Estado fue la represión y la criminalización de la protesta, asignándole a este movimiento el carácter de subversivo, desconociendo el derecho de la población a expresar la inconformidad por la afectación causada. (3)

Al final los campesinos recibieron un exiguo pago por sus fincas, al no tomarse como base la capitalización de la renta que rendían aquellas tierras, la cual se debió calcular según el sustento que brindaban y brindarían a los propietarios y sus descendientes, dentro de un término de tiempo promedio, criterio definido comúnmente para establecer el precio de las tierras, tanto rurales como urbanas. Mucho menos se consideró el nuevo tipo de renta que iba a rendir la generación  hidroeléctrica que allí se iba a emprender, sobre la cual, en rigor, debía ser tasado el valor de estos terrenos, de los cuales las empresas del sector eléctrico han obtenido ganancias extraordinarias considerables.

Las ganancias obtenidas por las empresas del sector eléctrico tampoco han tenido correspondencia con las transferencias a los municipios ni mucho menos con la compensación que se tendría que haber dado a los agricultores, pescadores y mineros despojados de sus lugares de trabajo. Por eso, mientras la mayoría de familias campesinas afectadas se encuentran hoy sumidas en la pobreza, y los municipios donde se construyeron las represas revelan notorias debilidades económicas, las empresas han acumulado grandes sumas de capital, en virtud al bajo costo del kilovatio instalado y los precios de monopolio en la venta de la energía, aún encontrándose bajo un régimen regulado y haber asumido el pago de altos intereses con la banca internacional.

Hoy se pretende represar al río Samaná Norte con las hidroeléctricas Porvenir I y II. Los estudios adelantados para la construcción de Porvenir 2, que generará 352 MW, realizados por la empresa Integral, fueron vendidos a Colinversiones, ahora Celsia, propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Por su parte, a través de la Empresa de Energía de Antioquia (Emgea), la gobernación viene impulsando la construcción de microcentrales, una serie de ellas en el oriente, con la pretensión de abastecer desde allí a los municipios, buscando que las grandes centrales dispongan la generación para la exportación.

Las poblaciones donde se construyeron las hidroeléctricas tuvieron que soportar innumerables perjuicios económicos, sociales, culturales y ambientales, costo que tuvieron que pagar por abastecer de electricidad al país. Ahora se verán abocados a una problemática similar, ya no para librar a la nación de un apagón, sino para aumentar las arcas del GEA, que pretende aumentar sus dividendos, invirtiendo sus capitales en el sector eléctrico. Además, las represas alteraran el curso del torrentoso rio Samaná, por la desviación necesaria para la construcción de las presas y obras anexas, ocasionado erosión aguas debajo de los embalses, debida a las aguas turbinadas. También se alterará la diversidad de flora y fauna, especialmente la variedad de peces, recurso del que han vivido desde tiempos inmemoriales las comunidades rivereñas, afectando, de paso, aguas abajo de la presa, el hábitat y  las rutas migratorias de los peces.

La anterior reflexión nos lleva a preguntarnos si es necesario que este tipo de obras se sigan construyendo, teniendo en cuenta que su finalidad es satisfacer el afán de lucro y expansión de un grupo económico o si más bien es el momento de que los pobladores del oriente pensemos y diseñemos los proyectos agrícolas sostenibles que la región verdaderamente requiere.

Por Carlos Hdo Olaya R.

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Notas

1. Esta hidroeléctricas fueron construidas por Interconexión Eléctrica S.A. ISA y Empresas Públicas de Medellín EPM.
2. El Sector Eléctrico Colombiano. Orígenes, evolución y retos. Un siglo de desarrollo. [1882-1999]. Interconexión eléctrica S.A. E.S.P. [s.l]. [s.e]. 2002, p.57.
3. La central San Carlos genera 1.240MW, Guatapé 560 MW, Jaguas 170 MW, Playas 200 MW, Calderas 7.4 MW y Tafetanes 1.9 MW.

Fuente: Plano Sur.

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