Demanda de familia que dice ser dueña del Oriente antioqueño podría quebrar a Colombia

Familia reclama una indemnización más grande que el PIB. Quería venderle un pedazo del país a Japón.

La familia Durango tiene actualmente una demanda contra el Estado, en la que alega ser propietaria de los terrenos donde actualmente se ubican los municipios de Granada, San Carlos, Sonsón, San Rafael, El Peñol, El Carmen de Viboral, San Francisco, Guatapé, Cocorná, Puerto Nare y Puerto Berrío (estos dos últimos ubicados en el Magdalena Medio antioqueño). / Foto: NOTICIAS ORIENTE ANTIOQUEÑO.

El Consejo de Estado está a punto de ponerle punto final a la demanda más grande -y más insólita- de la que se tenga noticia en Colombia. Una de 14 ceros a la derecha, que supera el PIB y que supondría que cada colombiano tuviera que pagar algo más de 10 millones de pesos para respaldar la deuda, hipotéticamente hablando.

En otras palabras, ese proceso, apenas uno de los casi 200.000 que cursan contra el Estado, quebraría al país.

La historia se remonta a junio del 2003, cuando la familia Durango Sanín demandó al entonces Incora por una supuesta expropiación indebida en 1967. Ellos alegan, básicamente, derecho sobre 1.926 kilómetros cuadrados, justo las tierras en donde hoy quedan nueve municipios del oriente antioqueño. El fallo está próximo a ocurrir, dada una solicitud de prelación de la Procuraduría.

“Yo no doy un peso por esa demanda. De entrada, el tema de la cuantía (exagerada) y los argumentos son muy poco consistentes”, dice Javier Villegas, un abogado antioqueño que ostenta haberle ganado más de mil procesos al Estado.

Pero la estrambótica pretensión -que ya fue fallada en contra de la familia por el Tribunal Administrativo de Antioquia y que fue apelada en el Consejo de Estado- no es el único proceso singular que se le atribuye a la familia, por decir lo menos.

Los demandantes (Enrique Durango Valero, Enrique Durango Sanín, Luz Helena Durango Sanín viuda de Páez y Gloria Durango Sanín de Múnera) son herederos del señor Mirocletes Durango, un hombre acaudalado y apasionado por las demandas referentes a tierras contra el Estado, a juzgar por sendos procesos fallidos en 1929 y 1931, en donde alegaba derechos sobre más de 160 minas de esmeraldas, entre otras.

Pero quizá la más particular de todas las pretensiones es una mencionada en la tesis doctoral de la Universidad de Durham ‘Inmigración japonesa a Colombia, ¿la nueva búsqueda de Eldorado?’, que sostiene que en 1930 el señor Mirocletes ofreció ayudar al gobierno japonés a comprar la quinta parte de Colombia.

Y aunque para muchos la petición de los Durango no es del todo descabellada, sobre todo si se tiene en cuenta que el país pierde entre el 70 y el 80 por ciento del total de las demandas, Fernando Carrillo, director de la recién creada Agencia Nacional de Defensa Jurídica, confía en que el fallo sea en contra.

“Yo no quisiera especular sobre el tema. Yo quiero respetar el Consejo de Estado, pero me parece que lo que hay que hacer es sujetarse a la decisión que tomó el Tribunal Administrativo de Antioquia“, señala. Y agrega que “difícilmente uno puede encontrar en el mundo una demanda con una pretensión que duplique el Producto Interno de un país“.

Como sea, el fallo -que se daría en meses o quizá días- podría también perjudicar a los demandantes. “Puede ocurrir que haya alguna consecuencia económica contra ellos, por el inmenso desgaste al que sometieron al Estado”, sentenció el abogado Villegas.

Pretensiones en números
El Estado pagaría un billón de pesos al finalizar el año

594 billones de pesos es la pretensión de los Durango, más de la mitad de todas las demandas contra el Estado. La cifra podría crecer por intereses.

928 billones de pesos es la cifra que resulta luego de sumar el total de demandas activas contra el país. El número es casi el doble del PIB promedio.

199 mil procesos vigentes es el número de acciones actuales contra el Estado. De esas, la mayoría tienen que ver con el Seguro Social.

3.800 abogados e se dedican en todo el territorio nacional a defender al Estado. Según Carrillo, una de sus prioridades es unificar la argumentación, que a veces es contradictoria.

Procesos
El fantasma de las ‘pirámides’, el otro reto

De acuerdo con Fernando Carrillo, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, desde que su despacho empezó a operar, hace 5 meses, se han identificado cuatro sectores donde ya se concentra la acción decidida de esa corporación.

“El sector defensa, el sector justicia -más puntualmente la Fiscalía-, las demandas contra el Consejo Superior de la Judicatura y contra la Superintendencia Financiera”, aseguró el funcionario.

Ahí, de hecho, se concentró el 78 por ciento de los pagos que hizo el Estado en el 2011. Con respecto a la Superintendencia Financiera -afirmó-, el reto corre por cuenta de las denuncias relacionadas con las llamadas ‘pirámides’, que sumadas alcanzan una cifra cercana a los 55 billones de pesos.

“Las demandas por pirámides alcanzan una cuantía superior a las relacionadas con el Seguro Social que, sin embargo, sí son las más numerosas. De las cerca de 80 mil demandas que tenemos por ese concepto, esperamos lograr una conciliación en unos 35 mil casos”, afirmó el funcionario. Por otro lado, Carrillo se refirió a la existencia de un ‘cartel’ de abogados dedicados exclusivamente al desangre del Estado. “Hemos detectado, ciertamente, multiplicación de procesos”, dijo.

Fuente: El Tiempo.

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