Marinilla rechaza a la empresa química Nopco

Aunque está lista la planta de Nopco Colombiana S.A. en el municipio del oriente antioqueño, sus pobladores aseguran que se construyó de manera ilegal.

Cerca de 3.000 personas asistieron a la audiencia pública convocada para pedirle a Cornare que no entregue la licencia ambiental a Nopco. / El Colombiano.

Si en algo han estado de acuerdo los habitantes de Marinilla (Antioquia) en el último año, es en rechazar la llegada a su municipio de la empresa Nopco Colombiana S.A., que produce y distribuye insumos químicos.

Hace nueves días al menos 3.000 pobladores de Marinilla asistieron a una audiencia ambiental en la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), en el municipio de eL Santuario. Muchos hicieron el recorrido en una marcha pacífica para llegar a la reunión, en la que algunos voceros presentaron las que consideran son pruebas suficientes para que la corporación niegue la licencia ambiental a la empresa.

Su renuencia a la instalación de Nopco S.A. empezó en octubre de 2011, cuando se iniciaron los primeros movimientos de tierra para dar paso a la construcción de una planta, ubicada en el barrio Belén Norte. Hoy, casi un año después y pese a las múltiples denuncias, la empresa está lista para dejar su antigua sede en el municipio de Bello (Antioquia) y trasladarse a Marinilla. Antes de prender máquinas necesitan la autorización de Cornare y para lograrla tendrán que atar varios cabos sueltos.

A los efectos ambientales que tendría su operación, por el ruido, la contaminación del agua, los olores y la aspersión de gases en el aire —como la misma empresa reconoce en el estudio de impacto ambiental—, se suman supuestas irregularidades durante el trámite para obtener la licencia de construcción y una historia en el municipio de Bello que no le da mucha confianza a los marinillos.

Nopco, empresa que el año pasado reportó ingresos operacionales por casi $25.000 millones, se presenta oficialmente como “una compañía del sector químico industrial dedicada a la producción, comercialización y venta de aditivos químicos que se utilizan en procesos como fabricación de papel, construcción, cerámica, petróleo y textiles”. Algunas de sus materias primas son ácido sulfúrico, base nafténica, soda cáustica, sulfato de aluminio, aceite de castor, entre otros.

Estas características hacen que la empresa esté clasificada como una industria mayor de alto riesgo ambiental y urbanístico (I1), según el sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIUU). De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Marinilla, la operación de esta clase de empresas no está permitida en la población.

Sin embargo, en hechos que hoy son motivo de investigación, el 9 de junio de 2011 el entonces secretario de Planeación del municipio, Edier Agualimpia, firmó la licencia de construcción, dando vía libre al proyecto. Y aunque para el trámite requería el certificado de ubicación del establecimiento, el documento aparece con fecha del 6 de septiembre, tres meses después de expedida la licencia. Esto con un agravante adicional: la clasificación de Nopco aparece como industria pesada de menor riesgo (I2), lo que la hace compatible con el POT del municipio.

Sumado a esto, Nopco inició la construcción sin contar con licencia ambiental, violando el decreto 2820, que obligaba a obtenerla para proceder con la obra, debido a que se trata de una empresa química. Hoy cuenta con una caldera, un compresor y equipos eléctricos listos para funcionar.

Aunque Luz Mery Castaño Ospina, directora técnica de Nopco, asegura que la idea era adelantar simultáneamente la obra y los trámites de la licencia, la verdad es que los trabajos iniciaron en octubre de 2011, pero la empresa radicó el formato de solicitud de licencia ambiental el 28 de diciembre de ese año. Además, debido a que Nopco no entregó entonces toda la documentación requerida, Cornare apenas inició el trámite el pasado 11 de abril.

Frente a estos hechos, César Molina, uno de los abogados que sigue el proceso, señala que “hay una suerte de falsedad documental que habrá que aclarar”. Otra cosa señala Castaño Ospina, directora técnica de Nopco, al asegurar que la empresa ha cumplido con todas las normas : “El proceso se hizo con total transparencia. Pudimos fallar en el proceso de comunicación a la comunidad, pero en el tema jurídico hemos hecho las cosas bien”. Según Castaño, “la instalación de Nopco sería positiva debido a la generación de empleo”.

Sin embargo, a las circunstancias que rodean la obtención de las licencias no son el único talón de Aquiles de Nopco para quedarse en Marinilla. Uno de los mayores temores de la comunidad tiene que ver con los antecedentes de la empresa durante los 40 años que operó en Bello.

El Espectador consultó a Henry Castro, subdirector jurídico de Bello, quien le hizo seguimiento a la empresa mientras fue director de control fiscal en la Contraloría municipal y dijo: “encontramos que Nopco es una empresa de alto potencial contaminante sobre la que recayeron denuncias de la comunidad; operó en el municipio sin obtener la licencia ambiental; no cumplió con un plan de vertimientos, y fue sancionada varias veces por el Área Metropolitana”.

Lo que preocupa , dice Castro, es que entre sus materias primas Nopco utilizaba naftaleno que, se ha comprobado, es altamente nocivo para la salud. Efectivamente, la empresa utilizó este insumo desde 1972, pero, de acuerdo con Nopco, lo compró por última vez en 2010 y no se utilizaría en la planta de Marinilla.

Por ahora, la actual administración de Marinilla analiza el caso, ya que considera que la licencia de construcción no se debió haber otorgado, como lo afirmó el secretario de Planeación de Marinilla, Fernando Gómez. En el Concejo de Marinilla se pidieron investigaciones legales y en la Procuraduría se analiza la llegada de Nopco a ese municipio.

Mientras se resuelve el futuro de la empresa, que ya ha invertido $10.000 millones en la construcción de la planta, los habitantes de Marinilla siguen insistiendo en los impactos que podría tener su instalación.

Uno de los grupos más afectados sería, de acuerdo con el abogado Julio Enrique González, el de las cooperativas de confección: “En Marinilla hay dos cooperativas que reúnen a más de 700 asociados cada una, la mayoría madres cabeza de familia que se dedican a la confección de prendas íntimas. Si Nopco empieza a operar, los desechos químicos pueden impregnar la tela y esto podría afectar gravemente su trabajo porque se acabarían los contratos”. Basado en estos y otros posibles efectos, el personero municipal, Édgar Villegas, también manifestó su desacuerdo al pedir la revocación de los actos administrativos que dieron vía libre a la licencia de construcción.

A su posición se suma la de Carlos Arango, presidente del Consejo Territorial de Planeación de Marinilla, quien asegura: “pedimos que se niegue la licencia ambiental a esta empresa y que sean investigados los funcionarios de la pasada administración”.

La decisión que tome Cornare sólo se conocerá dentro de dos semanas, como le dijo a este diario Javier Parra, subdirector de Planeación de la corporación. A pocos días de que se sepa cuál será el futuro de la empresa, Henry Castro resume la situación: “No estamos en contra de las industrias, pero queremos que se ubiquen en lugares apropiados en los que no afecten a la comunidad ni al medio ambiente”.

Fuente: El Espectador.

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