Firman convenio para la reparación integral de familias retornadas a San Carlos

María Patricia Giraldo Ramírez sufrió el flagelo del desplazamiento forzado en su vereda Santa Rita de San Carlos, hoy, como alcaldesa del municipio, adelanta diferentes proyectos para la atención de familias retornadas a esta localidad del Oriente antioqueño.

El convenio entre  la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto y la Alcaldía de San Carlos, fue suscrito por 4.323 millones de pesos. / Foto: cortesía.

La tenacidad de una alcaldesa víctima del desplazamiento forzado y el esfuerzo de otras 12.150 personas que retornaron para reconstruir sus proyectos de vida, confluyeron en un convenio por $4.323 millones con el municipio de San Carlos.

La cooperación entre el Municipio y la Unidad, garantiza la reparación integral a 320 de las 2.700 familias retornadas o reubicadas, con 170 viviendas nuevas en la Ciudadela Medellín, el mejoramiento de 100 urbanas y 50 rurales, más el desarrollo de proyectos de generación de ingresos, seguridad alimentaria, acompañamiento sicosocial y reparaciones simbólicas.

El municipio de San Carlos aportará $300 millones en efectivo para acompañamiento sicosocial, seguridad alimentaria y generación de ingresos; y $1.023.836, en especie (un lote de en el predio el Popo, redes y obras de urbanismo). La Unidad aportará $3.000 millones.

“Como directora de la Unidad celebro, por ejemplarizantes, la tenacidad, el liderazgo y el trabajo de la alcaldesa María Patricia Giraldo Ramírez”, dijo Patricia Gaviria Betancur, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto.

La alcaldesa de San Carlos ha entendido las responsabilidades diferenciadas del Municipio, el Departamento y la Nación frente a todas las víctimas del conflicto, conforme a los mandatos de la Ley 1448/2011”, agregó.

Compromiso y sensibilidad

La alcaldesa de San Carlos consideró claves el compromiso y la sensibilidad de la autoridad municipal que, en su caso, son el resultado de haber sido ella misma expulsada violentamente de la vereda Santa Rita y, “por cosas del destino”, Personera Municipal.

“Mi propia experiencia me permite ser muy sensible para asumir el dolor de las víctimas y para tocar puertas, aquí y allá, en donde sea necesario buscar aliados y apoyos concretos”, afirmó.

Uno de sus sueños es “seducir a los que sea, a los que toque” para que San Carlos y el vecino municipio de Granada sean reparados colectivamente. Giraldo Ramírez cree que puede lograrse “devolviéndole la vida a la carretera del retorno”, que comunica las cabeceras municipales.

En ella, recordó, fueron asesinados líderes campesinos y presidentes de Juntas de Acción Comunal y muchas personas fueron desaparecidas”. ¡Qué bonito fuera para la comunidad sancarlitana y granadina que, con el concurso de varias entidades del Estado, pudiéramos pavimentar muy pronto esa vía, que puede convertirse en el gran símbolo de la reparación colectiva a los dos municipios!, dijo, visiblemente emocionada.

Una sola mano, no aplaude

Gaviria Betancur recordó el proverbio árabe según el cual “una sola mano no aplaude” para valorar la contribución que han venido haciendo, entre otros actores regionales, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía y las Empresas Públicas de Medellín, Pastoral Social, organizaciones no gubernamentales, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), fundaciones privadas, Cornare, Isagen, el Ejército Nacional y el Departamento para la Prosperidad Social.

El convenio recoge los aprendizajes del pasado y los parámetros de reparación integral incorporados en la Ley de Víctimas y Restitución de tierras: enfoque diferencial (étnicos, de género, condición sexual, etc.,), enfoque poblacional (niños, niñas, adultos mayores), focalización territorial y acción sin daño, explicó la directora de la Unidad.

A su juicio, sin la confluencia de voluntades, sin los aprendizajes y cooperación previos y sin los recursos frescos que ahora aporta el convenio no sería posible reparar en condiciones dignas, los estragos políticos, morales, sicológicos, morales y culturales del conflicto armado en las víctimas como personas y como comunidades.

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto

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