Lluvia de aplausos y críticas es el resultado de una semana tras la decisión de Minambiente.

Foto: El Tiempo.

Un cd en blanco desató la polémica. Y lo que en más de una década no consiguieron las denuncias ni los procesos jurídicos el ministro de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Frank Pearl lo hizo en los primeros 12 días del 2012: suspender -preventivamente- las obras del túnel de Oriente.

Al terminar la semana el Ministro se convirtió en un hombre de amores y odios.

Mientras las organizaciones ambientales aplaudieron su determinación algunas autoridades en infraestructura quisieron poner en duda el criterio que lo llevó a tomar esa decisión que ya hace que la obra de 869 mil millones de pesos tenga el primer retraso de 90 días, lapso que dura la revisión de la licencia ambiental.

Falta de información, denuncias de la comunidad del corregimiento Santa Elena y la supuesta modificación en los diseños del proyecto fueron las razones para la suspensión del mismo.

Según el jefe de la cartera del medio ambiente, Cornare nunca entregó información detallada sobre la controvertida aprobación de la licencia ambiental que dio pie a la construcción del proyecto y cuando lo hizo mandaba “cd’s en blanco”.

“Después de varias semanas de análisis y de verificar que no existe la información ni los estudios de impacto ambiental que nos permitan saber cuál va a ser el efecto real del túnel de Oriente, acudiendo al principio de precaución, decidimos asumir la competencia”, explicó Pearl en su momento.

Sin embargo, para Cornare el Ministerio está confundiendo a la opinión pública a la vez que pone en duda la seriedad y el rigor técnico que llevó a esa entidad a aprobar la licencia ambiental en 2002.

“No solo pone en duda el trabajo de empresas nacionales e internacionales reconocidas, si no también el del propio Ministerio, pues en esa fecha (2002) éste otorgó la licencia ambiental en segunda instancia”, manifestó Mauricio Dávila, secretario General de Cornare.

Causó tanto malestar la suspensión de las obras que al finalizar la semana el director de Cornare, Carlos Mario Zuluaga, le solicitó al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, asumir la investigación en los argumentos de Pearl ya que la entidad ambiental asegura que ellos si presentaron la totalidad de la información.

En defensa del megaproyecto, que conectará al valle del Aburrá con el de San Nicolás, salió también la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Antioquia.

Dicen que con esa decisión se pone en evidencia la inestabilidad de las reglas de juego que van en contravía de la nueva ley 1508 del 2012 con la que pretenden atraer la inversión privada para construir la infraestructura física que necesita con urgencia el país.

“Actuaciones de este tipo alejan al inversionista y desestimulan la participación de los sectores financiero y asegurador al crear un nerviosismo injustificado en este tipo de proyectos”, expresó José Fernando Villegas, director Ejecutivo de la CCI Antioquia.

La Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI) también criticó la suspensión de la obra.

“En su tiempo la suspensión de la construcción del Metro de Medellín, por funcionarios del orden nacional, sin un conocimiento bien sustentado, produjo enormes extra costos y complicadas reclamaciones bien conocidas por la opinión pública. Éste, es un ejemplo que no debemos olvidar”, explicó el director de la SAI, Álvaro Villegas.

A pesar de los comentarios y declaraciones a favor de la obra, las organizaciones ambientales sustentan que la decisión del Ministerio es un acto razonable y responsable con la reserva del río Nare. “Las respuestas de Cornare son falacias.

Esa licencia ambiental que otorgaron hace 10 años no sirve pues el proyecto que existe hoy es diferente al del 2002″, indicó Javier Márquez, director de la corporación Penca de Sábila.

Denuncian otras irregularidades en el megaproyecto

El diputado del Polo, Jorge Gómez, radicó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia una demanda en contra de la ordenanza que autorizó al anterior gobernador, Luis Alfredo Ramos, para contratar la construcción del túnel de Oriente.

Basa su denuncia en que a finales del 2010 la Asamblea departamental aprobó esa ordenanza que comprometió vigencias futuras para financiar parte del proyecto.

“Según un reciente fallo del Consejo de Estado, estas no pueden ser decretadas por los entes territoriales en ninguna circunstancia”, aseguró Gómez.

El proyecto es financiado en un 63 por ciento (547 mil millones) por la concesión Túnel Aburrá Oriente, el Idea pondrá 156 mil millones (18 por ciento) y la Gobernación 69 mil millones (8 por ciento).

El otro 11 por ciento (95 mil millones) serán por valorización, lo que preocupa a Gómez.

“Esto no ha sido decretado y tiene que haber una ordenanza para que se autorice”, añadió.

Además, el diputado trasladó a la Contraloría General de la República otra denuncia con respecto a unos supuestos recursos adicionales que estarían consignados en el contrato.

 El gerente de la concesión Túnel Aburrá-Oriente, Jaime Ramírez Ossa, negó categóricamente lo dicho por Gómez.

Frente a la decisión del Ministerio del Medio Ambiente, dijo que con esto la obra ya empieza a generar sobrecostos incalculables hasta el momento

“El no entregar el túnel en la fecha precisa crea un problema financiero grande: como mínimo son tres meses de no ingreso por peajes y por día eso equivale a 196 millones de pesos”, indicó.

Según el cronograma de la obra, ésta se debía concluir en octubre de 2015, pero con la suspensión quizá se termine en el primer trimestre del 2016, y eso si tras la revisión de la licencia ambiental aún permiten concluir el túnel.

 

Tomado de: El Tiempo, http://bit.ly/Aa5i75